16 meses de cárcel para Slaughter y Panko

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado 16 meses de prisión para el ex jugador del Real Madrid Marcus Slaughter y otro ex ACB como Andy Panko, respectivamente, por un presunto delito de falsedad documental para poder jugar como comunitarios.

Ambos jugadores consiguieron un pasaporte de Guinea Ecuatorial para evitar ocupar plaza de extranjero con la ayuda de Julián Aranda de Marco, ex representante de ambos jugadores. Según la Fiscalía los jugadores y Aranda trazaron un plan «con la finalidad de obtener documentación de naturaleza falsaria de la República de Guinea Ecuatorial».

Con dicha documentación y, acogiéndose al denominado Acuerdo de Cotonou, Benín, firmado en el año 2000 entre la Unión Europea y 78 estados de Africa, entre ellos la República de Guinea Ecuatorial, y otros estados del Caribe y del Pacífico, ambos jugadores podrían adquirir el carácter de «comunitarios» ante la Asociación de Clubs de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto.

El caso lo destapó la propia FEB al presentar ambos jugadores un pasaporte con el mismo número.

También están acusados Richard Nguema, Julián Aranda y Hugo López reclama 22 de meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental.

El precio por la obtención de los dos documentos falsos estuvo «en torno a» los 35.000 euros cada uno.

“Para llevar a cabo el plan, Julián Aranda, con la conformidad de Slaugther y Panko, se entrevistó en Madrid con Hugo López, quien a su vez tenía relación con Richard Nguema, la persona que podría facilitarles la documentación falsa” según declaraciones del fiscal.

El fiscal narra que en febrero de 2015 Richard Nguema “entregó en Madrid todos los documentos falsos a Julián A.M., quien se los entregó rápidamente a Panko y Slaugther, a sabiendas ambos de su carácter mendaz”.

El exjugador del Real Madrid entregó toda la documentación a su club “pasando desde allí a la Asociación de Clubes de Baloncesto y a la Federación Española de Baloncesto, donde en mayo de 2015, la referida documentación levantó sospechas de irregularidad que determinaron la puesta en conocimiento de estos hechos a la Policía Nacional, Brigada Central de falsedades documentales”.